RESUMEN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Antes de señalar los elementos esenciales para realizar la evaluación de las políticas públicas, es importante distinguir entre el término seguimiento y evaluación.
Seguimiento es una función continua que utiliza la recolección sistemática de datos sobre indicadores especificados con el fin de proporcionar a los directivos de una mediación del desarrollo en curso y las principales partes interesadas, indicadores sobre el grado de avances y logros de objetivos y progresos en la utilización de fondos asignados.
Evaluación es la evaluación sistemática y objetiva de un proyecto, un programa en curso o terminado o de las políticas, comprendiendo su diseño, ejecución y resultados. Lo que se busca es determinar la relevancia y satisfacción de los objetivos, la eficiencia del desarrollo, su efectividad, impacto y sostenibilidad. Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil, permitiendo la incorporación de lecciones aprendidas en el proceso decisorio, tanto de receptores como de donantes.
La evaluación ofrece evidencias de por qué los objetivos y los efectos se están o no logrando.
De acuerdo a Mény y Thoening, las diferentes estrategias para evaluar las políticas públicas se pueden clasificar en cuatro enfoques generales: el descriptivo, el clínico, el normativo y el experimental y el pluralista.
Antes de describir los rasgos distintivos de cada uno de los enfoques es necesario hacer una revisión de los conceptos que son básicos en la realización de una evaluación.
El primero es el de los objetivos generales de la política los cuales se refieren a las metas, fines, circunstancias o situaciones que se buscan, ya sea porque se consideren deseables por sí mismos o porque resulten prácticos.
Así mismo toda evaluación también tiene sus objetivos, que pueden ser los mismos del programa gubernamental o los que el evaluador seleccione. Es decir, pueden ser dependientes de las metas del programa gubernamental cuando estudian si éstas en efecto se cumplieron, o bien relativamente independientes de los objetivos oficiales cuando se estudian los resultados desde una óptica externa y con criterios autónomos.
Para evaluar los objetivos y los logros, las metas y las consecuencias de la acción se establecen en segundo lugar los criterios, que son las “reglas para conocer la verdad”: referencias a escalas que sirven para graduar, interpretar y calificar la realidad. Los criterios de la evaluación se llevan a efecto, se operacionalizan a través de métodos de análisis, observación, registro y medición particulares. En efecto, existen una infinidad de procedimientos, medios e instrumentos que permiten poner en práctica la evaluación: son las técnicas o métodos de evaluación, que se derivan, generalmente en forma coherente, de los criterios.
El objeto de la evaluación es proporcionar una graduación (o puntuación), interpretación o calificación a la política pública; ello se traduce en valores, que es el cuarto concepto. Es con base en los criterios que pueden determinarse las características, medirse los méritos y calcularse los desaciertos de un programa de actuación gubernamental: el valor puede remitir a la importancia, la calidad, la sustancia, la cantidad, estimación, la utilidad, la justicia, la eficacia, etc., de la política pública.
Finalmente, cuando varios individuos aceptan una determinada jerarquización de valores y cuando, a través de la costumbre, por ejemplo, los valores se implantan en la moral convencional, surgen las normas (aunque en una organización social, pueden ser definidas impositivamente, por ley). Las normas son preceptos de conducta que gobiernan y dirigen el comportamiento al asegurar la regulación de la vida de los individuos y los grupos dentro de la sociedad.
OBJETIVOS, CRITERIOS, TÉCNICAS, VALOR Y NORMAS son los conceptos de partida para la elaboración de las evaluaciones.
La evaluación se lleva a cabo con dos propósitos principales: para aprender de la experiencia, extrayendo lecciones que puedan aplicarse con el fin de mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas, y para la rendición de cuentas al público y/o a quienes han aportado los recursos utilizados. El primer propósito se cumple con las llamadas evaluaciones formativas, cuya finalidad es el aprendizaje, en tanto que el segundo propósito caracteriza a las llamadas evaluaciones sumativas, que formulan un juicio sobre el valor de lo evaluado.
Por otra parte de acuerdo al momento en que se realizan las evaluaciones, se puede distinguir entre evaluación ex ante y evaluaciones terminales o ex post. La primera consiste en una consideración de la relevancia o pertinencia de la intervención y de una estimación de sus posibles efectos, casi nunca se realizan este tipo de evaluaciones, asimismo cuando hay una fecha de terminación de una política pública. Mientras la segunda se refiere a las evaluaciones que se realizan después del inicio de la implementación de una política pública, pero antes de su conclusión son evaluaciones intermedias.
Así mismo existe diferentes tipos de evaluaciones que pueden utilizarse para aprender de la experiencia, entre ellas cabe destacar las evaluaciones de procesos y las evaluaciones de impacto, mientras las primeras se enfocan en los mecanismos e instrumentos a través de cuales se ha intentado alcanzar determinados objetivos, las segundas se centran en los resultados últimos de las políticas públicas.
La evaluación debe tomar en cuenta los factores contextuales y realizar un análisis y síntesis que permita identificar las causas que han operado para alcanzar o no los resultados esperados.
Así mismo la evaluación lleva a considerar sistemáticamente varios factores, los cuales a veces se presentan como principios o criterios de evaluación, como es el caso de la relevancia o pertinencia de lo que se evalúa, la eficacia o efectividad (el grado de logro de los objetivos), y la eficiencia (en el uso de los medios para alcanzar los objetivos).
A veces se incorporan criterios explícitos, como es el caso de la sostenibilidad de los resultados, el desarrollo institucional, y la coherencia de las políticas o programas o proyectos.
En la práctica de la evaluación hay una distinción central en la forma en que las políticas públicas son concebidas: por un lado, como tratamientos, cuya unidad de referencia son programas o proyectos; por otro lado, las políticas con conceptualizadas como intervenciones que plantean un marco normativo, que no siempre pueden reducirse a programas o proyectos.
Para evaluar las políticas públicas es importante primero aclarar su marco orientativo o normativo, tratando de identificar los objetivos planteados explícitamente.
Así mismo es necesario considerar los factores que influyen sobre el uso de las evaluaciones, destacándose tres de ellos: la oportunidad (la evaluación debe estar disponible cuando se tomen decisiones), la credibilidad (que no se ponga en duda la objetividad y solidez de la evaluación) y su diseminación o difusión (que las evaluaciones sean conocidas, y no archivadas como un documento histórico.
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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1. Fines
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¿Por qué evaluar?
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Aprendizaje
Rendición de cuentas
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2. Agentes
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¿Quién evalúa?
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3. Objeto
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¿Qué evaluar?
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Proyectos, programas, políticas públicas
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4. Momento
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¿Cuándo evaluar?
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Ex ante, Tiempo real, ex post
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5. Cobertura
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¿Cuánto evaluar?
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Costos y beneficios
Óptimos
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6. Métodos
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¿Cómo evaluar?
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“Tratamientos”
Criterios: relevancia, eficacia, eficiencia
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7. Uso
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Factores que influyen en el uso
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Oportunidad, credibilidad, diseminación o difusión
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De manera breve se explicaran algunos tipos de evaluación que se encuentran presentes en la actualidad.
Tipos de evaluación
1) Determinación de necesidades
Su preocupación esencial es el descubrimiento de las debilidades o los espacios problemáticos del planteamiento del programa, de tal manera que pueda mejorarse en futuros ajustes del mismo.
Este tipo de evaluación acostumbra a estar orientada en aquellos programas que presentan una notable complejidad organizativa con variedad de metas y diversidad de equipos o personal vinculado. En muchas ocasiones este tipo de evaluación exige un replanteamiento global o parcial de los objetivos del programa.
2) Evaluación formativa o correctora
Este tipo de evaluación pretende ante todo analizar el funcionamiento real del programa y de todas las labores conectadas con el mismo. Su objetivo es comprobar si el programa se desarrolla sin dificultades, localizando los puntos críticos y favoreciendo una vía de mejora.
3) Evaluación de balance o conclusiva
El objetivo de este tipo de evaluación es el de recoger información sobre los resultados finales del programa y facilitar así un juicio de valor global sobre el mismo.
Este tipo de evaluación exige su aplicación a programas con claridad de objetivos y con una contrastable base de información sobre la organización y actividades del mismo.
Hay cinco criterios que en la mayoría de los estudios dedicados a la evaluación aluden como puntos de partida generales.
El criterio de la eficiencia, o sea la capacidad para transformar los recursos iniciales en resultados finales de manera poco onerosa (logro de objetivos al menor costo posible).
El criterio de eficacia, es decir la capacidad de hacer concretas o reales las metas programadas (logro de objetivos tangibles).
El criterio de la igualdad, que implica el mismo tratamiento a todos los sectores sociales, aunque éstos se encuentren en situación desigual.
El criterio de equidad, que se preocupa en particular por las situaciones de desigualdad social (en cuanto al acceso a los servicios sociales, por ejemplo).
El criterio de la pertinencia o adecuación, que se refiere a la capacidad de responder satisfactoriamente a las necesidades o demandas sociales.
El criterio de eficiencia agrega una consideración normativa a los objetivos de la política pública, pues busca establecer una estimación relativamente objetiva –económica- de los recursos con los que cuenta el funcionario (humanos, organizacionales, económicos, institucionales, etc.), para calcular sus desempeño tras la observación de los resultados finales. En cambio, la eficacia parte de los objetivos programados y los asocia directamente con los resultados concretos, por lo que es común en las evaluaciones clínicas.
El criterio de igualdad, considera que la intervención del Estado no debe privilegiar a grupos de individuos o sector alguno, sino que debe actuar en forma imparcial e igualitaria frente a la sociedad. Por su parte el criterio de equidad no solo sirve para evaluar la actuación del Estado sino que se considera como un factor que incita y justifica plenamente la intervención del mismo, cuando ocurren desigualdades en condiciones sociales o económicas que favorecen la concentración de la riqueza o del poder en un pequeño grupo social. Por lo tanto los criterios de igualdad y de equidad intervienen en el enfoque de la evaluación normativa.
Finalmente, el criterio de la pertinencia es en cierto modo el inverso del criterio de la eficacidad, ya que integra completamente el punto de vista del sector social que demanda la intervención de una autoridad pública para atender alguna cuestión de su interés. Se pregunta si el programa o la acción estatal fue la adecuada para satisfacer las necesidades y demandas sociales.
Los criterios dependen de quién los formula, de cuál es su intención y su visión del mundo. Los puntos de partida para una evaluación también dependen de la autoridad pública y de la política de la que se trate.
